Colegio Oficial de Geólogos
Es una institución sin finalidad lucrativa creada para la defensa y apoyo de los intereses de los Geólogos, es una corporación de Derecho Público, amparada por Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y capacidad plena para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus fines.
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TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA: Proyecto de Ley por la que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Geólogos

TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA: Proyecto de Ley por la que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Geólogos

Asunto: Creación del Consejo General de Colegios de Geólogos de España 
 
El Colegio Oficial de Geólogos fue creado por la Ley 73/1978, de 26 de diciembre, como Corporación de Derecho Público de ámbito nacional, y se regía por los estatutos aprobados por el Real Decreto 1709/1981, de 19 de junio. Más tarde y por Real Decreto 1378/2001, de 7 de diciembre, se aprobaron los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos que reasignó el ministerio de referencia del colegio desde el antiguo Ministerio de Industria y Energía al antiguo Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Por otra parte, en el marco de la legislación básica del Estado y por Real Decreto 640/2002, de 28 de junio, se aprobó la segregación de la Delegación en Andalucía del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Posteriormente y por Decreto 163/2003, de 10 de junio, de la Junta de Andalucía en base a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, se creó el Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía.

Como consecuencia, actualmente existen dos colegios profesionales de geólogos en España, sin que se haya creado el Consejo de Colegios de Geólogos, a lo que obligan los propios estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (RD 1378/2001, de 7 de diciembre) y La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por las Leyes 74/1978, de 26 de diciembre, lo que sitúa a ambas corporaciones en una situación de alegalidad y de representatividad compartida en el ámbito nacional.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales en su texto consolidado determina en el artículo 4, apartado 4 que:
 
"Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional, existirá un Consejo General cuya naturaleza y funciones se precisan en el artículo 9º.
 
Dicho artículo 9 señala que:

"Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad."


Y señala una serie de funciones que enumera.

La creación del Consejo General de Colegios Territoriales ha de realizarse por ley, una vez que los responsables de los Colegios resultantes de las segregaciones adviertan dicha situación solicitando a los poderes públicos la promulgación de la correspondiente Norma de rango legal.

Se ha de entender que es responsabilidad de los Colegios Territoriales existentes el cumplimiento de dicha previsión legal, en particular el Colegio que habiendo sido de estructura única, llegue a ser el resultado territorial de las segregaciones que se vayan produciendo; es decir, el Colegio Único que pierda esa condición en razón de las citadas segregaciones.

En consecuencia y con objeto de cumplir la legislación vigente y evitar la actual situación de alegalidad, se ha solicitado al Ministerio de referencia la tramitación de la correspondiente normativa de creación del Consejo Oficial de Colegios de Geólogos, con objeto de que los dos colegios acuerden la correspondiente comisión gestora que redacte unos estatutos provisionales en los plazos que marca la ley.

Uno de los requisitos de dicha tramitación es el trámite de audiencia e información pública, motivo por el cual se exponen los textos que se incluyen a continuación, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrán dar su opinión las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles a partir de la presente publicación en el portal web del ICOG.


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